En relación con las medidas adoptadas por el el alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa (B.N.R.- Nueva Canarias), en las que establece flexibilidad horaria de entrada y salida a una minoría del personal del Ayuntamiento (personal de oficinas), y procede a devolver la parte de la paga extra de 2012 que todavía no había devuelto, U.G.T. advierte que dichas medidas son sólo una cortina de humo.
Y son una cortina de humo porque sólo sirven para soslayar la reclamación que han presentado los sindicatos UGT y CCOO el jueves pasado, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que descongeló la jornada laboral de 35 horas semanales prevista en el convenio que en el año 2009 firmó dicho alcalde, y que vendió como logro laboral.
Pese a que dicha Ley derogó la suspensión que sobre dicha jornada había desde el año 2012, recobrando vigencia la jornada de 35 horas establecida en el convenio desde el jueves pasado, el alcalde no ha mostrado interés alguno en su aplicación al personal del Ayuntamiento, manteniendo la antigua jornada de 37,5 horas semanales, y ha optado por maquillar el tema, estableciendo una exigua flexibilidad horaria para unos pocos trabajadores, manifiestamente inferior a las acordadas en otras administraciones, y acordando devolver un dinero de la paga extra que quitó en el año 2012 y que tenía que devolver.
Ante tamaño despropósito, UGT se ve obligada a denunciar la actitud del alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, que sabiendo que ya ha recobrado vigencia la jornada laboral de 35 horas establecida en el convenio colectivo de 2009 que firmó, sin embargo no la aplica. Y pretende ningunear a la representación legal del personal municipal confundiendo la no asistencia a una Mesa con el incumplimiento de la suspensión solicitada tanto por CCOO como por UGT.
Por otro lado, UGT desmiente las declaraciones del alcalde Gáldar que en el último pleno acusó a UGT de engañar con las sentencias de despido del servicio de ayuda a domicilio tras la privatización efectuada por el grupo de gobierno, arguyendo que los despidos no fueron declarados nulos, sino improcedentes.
En primer lugar, parece que el Sr. Alcalde tiene alguna dificultad de comprensión lectora, porque el comunicado de UGT publicado el 4 de junio de 2018 en InfonorteDigital.com se transcribió literalmente el contenido de las sentencias donde se señala la improcedencia de los despidos: “En definitiva, no consta ni la pretendida mejora de la calidad del servicio ni la existencia de razones de eficiencia y de optimización de los recursos públicos que permitieran calificar la decisión extintiva impugnada como procedente, por lo que debe declararse improcedente de acuerdo con lo previsto en el art. 53.5 del Estatuto de los Trabajadores”.
No obstante, UGT hace constar que una de las tres sentencias declara el despido nulo. Es decir, el ayuntamiento ha tenido que reincorporar a una persona. Y la improcedencia implica que al no tener el Grupo de Gobierno motivos para el despido, la indemnización para el personal, por vulnerar los derechos de los trabajadores, se duplica.
En segundo lugar, en cuanto a engaños se refiere, el Sr. Alcalde debe mirarse al espejo y darse cuenta que en el año 2009 firmó un pacto de permanencia del personal para luego en el año 2012 ejecutar dos expedientes de regulación de empleo, y que en los más de 10 años que lleva en la poltrona, ha incumplido reiteradamente sus promesas, siendo claro ejemplo de ello que hasta la fecha ni siquiera se ha comenzado a construir el largamente prometido nuevo instituto, o el hecho de que ha dado gato por liebre a la ciudadanía galdense con el tema del centro comercial, donde se prometía el 1 de marzo de 2012 “la creación de entre 1.400 y 1.800 puestos de trabajo y la creación de una zona comercial y de ocio con el diseño de un Pueblo Canario que podrá atraer a miles de visitantes”, con una inversión inicial de 70 millones euros, y hoy en día ha terminado siendo simplemente un supermercado en una nave industrial.
