Sección Sindical UGT Gáldar

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El TS confirma que el Grupo de Gobierno de Gáldar despidió fraudulentamente a 29 trabajadores

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido varias resoluciones por las que inadmite los recursos interpuestos por el grupo de gobierno de Gáldar, contra las sentencias de 29 despidos ejecutados en agosto de 2011, y que fueron declarados nulos en su momento por realizarse fraudulentamente, al no incluirlos en un posterior expediente de regulación de empleo.

Los hechos se remontan a agosto de 2011, poco meses después de reeditarse el “pacto de progreso” entre el BNR-Nueva Canarias y PSOE, y firmarse un pacto de gobierno donde, por cierto, no se incluía despidos.

El grupo de gobierno decidió en aquel momento despedir a 29 trabajadores y poco después inició un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a otros 54 y suspender el contrato de trabajo a otros 87 trabajadores.

Tanto el Juzgado de lo Social de Gáldar, como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declararon nulos dichos despidos, ya que se hicieron en fraude de ley, al no incluirlos en el ERE que el grupo de gobierno ya tenía decidido ejecutar.

Ahora el Tribunal Supremo confirma la nulidad de estos despidos que se realizaron de forma fraudulenta, y condena al grupo de gobierno a las costas procesales causadas y a abonar los salarios de tramitación a los trabajadores afectados.

UGT informa que la chapuza de estos despidos le supondrá a las arcas municipales el pago de más de 600.000 euros (más de 100 millones de las antiguas pesetas), que ni siquiera se han consignado inicialmente en el Presupuesto General de la Corporación para el año que viene.

Desde UGT se espera que el grupo de gobierno, en la inminente aprobación definitiva del Presupuesto, incluya el pago de estas indemnizaciones, como establece la ley, y proceda también a corregir las graves irregularidades de la plantilla en cuanto a la previsión de puestos laborales para realizar tareas funcionariales.

 

El TSJC confirma el primer ERE del Ayuntamiento de Gáldar

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido sentencia por la que confirma casi en su totalidad la sentencia que dictó el 18 de noviembre de 2012 el Juzgado de lo Social Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta última sentencia confirmó en su momento la resolución de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, que en enero de 2012 autorizó al Ayuntamiento de Gáldar 17 extinciones de contratos de trabajo por prejubilación, y 87 suspensiones de contratos de trabajo por un periodo de 6 meses.

La sentencia del Juzgado de lo Social fue recurrida por el Servicio Público de Empleo Estatal y por el Comité de Empresa, que se oponían al expediente de regulación de empleo.

Ahora el TSJC estima parcialmente el recurso interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal, en el sentido de reconocerle legitimación para recurrir la resolución del Gobierno de Canarias que autorizó el expediente de regulación de empleo, aspecto que le había negado el Juzgado de lo Social.

No obstante, el TSJC desestima el argumento utilizado por el Servicio Público de Empleo Estatal de que un Ayuntamiento no podía hacer frente a su situación deficitaria acudiendo a la suspensión de contratos. Para el TSJC, “ningún impedimento existió hasta el R.D.L. 3/2012”, norma que prohibió tal cosa a partir de su entrada en vigor, pero no antes.

El TSJC también desestima el recurso interpuesto por el Comité de Empresa, que alegaba que el expediente de regulación de empleo ejecutado por el Ayuntamiento se basaba en un Plan de Empleo que estaba suspendido por orden judicial. Para el TSJC, la resolución del Ayuntamiento se dicta en ejecución de la autorización de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, “pudiendo ser exclusivamente impugnada por los trabajadores afectados a través de la interposición de demandas de despido”, por lo que no entra a valorar lo alegado por el Comité de Empresa.

En consecuencia, tras esta sentencia del TSJC, y en el caso de que no la recurra ninguna de las partes ante el Tribunal Supremo, se podrán celebrar los juicios individuales de los trabajadores afectados, que están en este momento paralizados hasta que se produzca la firmeza de esta sentencia del TSJC. En esos procedimientos individuales, el Juzgado determinará en su momento la validez o no de la suspensión y extinción de los contratos de los trabajadores afectados.

 

UGT denuncia irregularidades en la plantilla presupuestaria galdense

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La Sección Sindical de la UGT en el Ayuntamiento de Gáldar informa que presentó reclamación dentro del plazo de exposición pública, denunciando la manifiesta ilegalidad de la plantilla del personal laboral que acompaña al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, y que se encuentra en este momento aprobado sólo inicialmente, a falta de ratificación por el Pleno.

En la reclamación presentada, UGT pone en conocimiento del grupo de gobierno y de los responsables de la elaboración de la plantilla, que la misma contempla determinadas plazas como laborales (técnicos, administrativos, auxiliares, notificadores, psicólogos, trabajadores sociales, etc.), cuando la ley expresamente reserva dichas plazas para funcionarios.

El sindicato hace referencia a varias Sentencias judiciales que han anulado plantillas similares de otros Ayuntamientos, poniendo de manifiesto los Tribunales que “es patente que la plantilla o cuadro de personal así aprobada está viciada de ilegalidad en cuanto se refiere a la previsión de tales plazas o puestos”.

Asimismo, UGT ha reclamado al grupo de gobierno que proceda a cumplir con el derecho a la funcionarización del personal laboral indefinido contemplado en el Decreto del alcalde de fecha 29 de marzo de 2010 (B.O.P. de Las Palmas de 2 de abril de 2010), por el que se aprueban las bases generales que deben seguirse para llevar a cabo la conversión de este personal indefinido con antigüedad anterior al 13 de mayo de 2007 en funcionario mediante promoción interna.

Dicho Decreto fue confirmado en su legalidad por Sentencia, ya firme, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Canarias, de fecha 18 de febrero de 2011, y por Auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2012.

La funcionarización supondría un ahorro en nómina equivalente al 6% por cada trabajador afectado por la transformación de su vínculo, que es lo que se dejará de pagar en concepto de cotización por desempleo y por el fondo de garantía salarial.

Por todo ello, UGT espera que el grupo de gobierno, en la fase de aprobación definitiva, cumpla con la ley y corrija la manifiesta ilegalidad de la plantilla, procediendo también a cumplir con el Decreto del alcalde sobre la funcionarización.

 

Comunicado de los representantes sindicales de la Policía de Gáldar

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Los representantes sindicales de UGT y CCOO en la Policía Local de Gáldar,  muestran  su indignación y reproche a la Concejalía de Personal y  Recursos Humanos, ante la decisión que consideran “irresponsable”,  de penalizar y con ello  reducir el salario a dos policías Locales por ser objeto de un accidente laboral  en el Ejercicio de sus Funciones, ya que se han visto implicados en un  accidente de circulación donde fueron alcanzados por un conductor en estado  de embriaguez, ocasionándoles lesiones que les impiden continuar con su  labor diaria, quedando patente el peligro que corrieron los Agentes.

Que esta inadecuada aplicación de la reducción salarial a los Policías ha  llevado a dicho colectivo a una situación de “Indignación” e “Inseguridad”, ya  que para ofrecer seguridad antes hay que sentirse seguro, cosa que no ocurre  en esta Policía Local.

Por todo ello, estos Representantes Sindicales critican que dicha Concejalía,  así como el equipo de Gobierno Municipal, haya valorado excesivamente a la  baja la peligrosidad en la que trabaja la Policía Local, sin tener en cuenta que  por el hecho de portar armas de fuego y realizar sus funciones ordinarias, el  trabajo de los agentes conlleva una peligrosidad notoria y reconocida (por  ejemplo, situaciones de riesgo como reyertas con armas blancas o de fuego, desplazamientos de urgencia, regulación del tráfico en el centro de la vía,  etcétera), agravándose esta situación aún más ante la actual crisis económica  y la falta de efectivos policiales cuyas plazas vacantes no han sido cubiertas  sino eliminadas por estos mismos partidos políticos BNR-NC y PSOE que  gobiernan en la actualidad, incumpliendo el ratio legalmente establecido  faltando un 26% de los agentes.

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