UGT considera lamentable la actitud del alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa, respecto al archivo acordado por el Juzgado de Primera Instancia de Guía de la denuncia formulada por este sindicato, por retener el alcalde las cuotas sindicales y no transferir el dinero en tiempo y forma al sindicato, como obliga la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
UGT ve esperpéntico que el alcalde de Gáldar saque ahora pecho con el archivo judicial de la denuncia, que se ha producido porque previamente a su declaración en el Juzgado, el alcalde ordenó, deprisa y corriendo, el pago de los más de 30.000 euros que debía al sindicato, y que eran objeto de la denuncia.
A UGT le sorprende que el alcalde manifieste sentirse “acosado” y “perseguido” porque este sindicato reclame judicialmente lo que se debe, y a lo que el alcalde se resistía a pagar, y sin embargo, no utilice dichos conceptos para definir su actitud hacia los trabajadores municipales, cuando en el mes de julio de 2009 firmó y aprobó un convenio laboral que garantizaba la estabilidad del personal municipal, y dos años después se salta lo firmado y despide a esos trabajadores, sin ni siquiera ponerles a su disposición la indemnización que legalmente les corresponde.
El Sr. Sosa confunde la labor de este sindicato, que no está para “desbancar alcaldes”, sino para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, frente a sus atropellos y arbitrariedades, tal y como ha apreciado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en resolución judicial de fecha 29 de diciembre de 2011, ha puesto de manifiesto la falta de negociación por parte del alcalde de Gáldar, del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que aprobó unilateralmente el mismo.
Y por esa falta de voluntad negociadora del alcalde, entre otras cosas, el TSJC ha ordenado suspender dicho Plan, siendo la última ocurrencia del Sr. alcalde, pretender imponer unilateralmente al personal municipal la jornada laboral de 37,5 horas semanales, cuando el vigente convenio laboral que el mismo alcalde aprobó, establece que la jornada es de 35 horas semanales, jornada que actualmente realizan sin problema alguno otros Ayuntamientos como el de Madrid o el de Segovia.